En una extensa sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó y otorgó media sanción al proyecto de ley Inocencia Fiscal II. La iniciativa, impulsada con fuerza por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía, obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. Con este resultado, el texto legislativo fue girado al Senado de la Nación para su tratamiento definitivo.
El oficialismo de La Libertad Avanza logró consolidar su esquema de alianzas en el recinto al sumar el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y distintas bancadas provinciales y federales. Por el contrario, la oposición dura encarnada en Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de la Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron de manera unánime la normativa.
Los ejes centrales de la reforma tributaria
La ley Inocencia Fiscal II modifica aspectos clave de la legislación previa (Ley 27.799) con el propósito de flexibilizar el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y dar mayores incentivos para la formalización de ahorros e inversiones.
–Eliminación de topes: se suprimen los límites de ingresos (fijados anteriormente en $1.000 millones) y de patrimonio ($10.000 millones) para adherir al régimen simplificado, permitiendo el ingreso de cualquier persona humana o PyME sin importar su escala de facturación.
–Discrepancia significativa: se redefine este concepto técnico. A partir de ahora, ARCA solo podrá impugnar una declaración jurada simplificada si la fiscalización detecta un incremento del impuesto o reducción de quebrantos de al menos un 15%.
–Extensión de plazos: el límite temporal para acceder a los beneficios contemplados por el sistema de regularización patrimonial se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027.
–Reducción de multas: se incluyó una rebaja del 25% en penalidades por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro.
Exclusión de funcionarios públicos
Uno de los puntos más debatidos de la jornada parlamentaria se centró en el acceso de la planta política a los beneficios del régimen simplificado. Ante las fuertes exigencias de la oposición dialoguista y las críticas por antecedentes que involucraron a figuras del Ejecutivo, el oficialismo aceptó incorporar una restricción explícita para los funcionarios públicos de alto rango.
Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de relevancia (como legisladores, ministros, secretarios de Estado, magistrados y fiscales) durante los últimos cinco años podrán declarar de forma simplificada pero quedarán completamente excluidos de las protecciones del «tapón fiscal». En consecuencia, ARCA conservará la facultad de investigar el origen de sus fondos bajo las reglas del régimen general.
Cruces e impacto económico
Durante el debate en comisiones y el recinto se evidenciaron visiones contrapuestas. Desde el oficialismo, legisladores defensores del proyecto señalaron que la ley busca «desburocratizar» el sistema y dejar de tratar como sospechosos a los contribuyentes que recurrieron al ahorro informal debido a los históricos procesos inflacionarios del país.
Por su parte, los bloques opositores calificaron la reforma como una «ley de impunidad» que debilita las capacidades de control del Estado sobre fondos no justificados y beneficia de forma desproporcionada a los sectores de mayor capacidad contributiva.
Tras este triunfo legislativo, que se sumó en la misma jornada a la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno concentra ahora su atención en el Senado, donde se anticipa una negociación sumamente ajustada con las fuerzas provinciales para convertir la iniciativa en ley.
